El Procurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González, le solicitó al ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo, endurecer los lineamientos de contratación de las Empresas Sociales del Estado, para que en la prestación del servicio de salud cumplan con la obligación de hacer uso eficaz de los recursos y mejorar las condiciones de salud de la población atendida.

Cortés González precisó en su comunicación que después de analizar los alcances de la Resolución 5185 de 2013, donde se fijaron los lineamientos para que las ESE adoptaran un estatuto de contratación; el Ministerio Público encontró que la norma omitió establecer que en todo caso esas reglas estaban obligadas a regirse por los principios de la contratación pública de transparencia, economía y responsabilidad.

Sostuvo que es inaplazable que el Ministerio de Salud defina lineamientos que implementen sistemas de compras para las ESE que permitan obtener economías de escala, calidad, oportunidad y eficiencia, respetando los principios de la actuación administrativa y la contratación pública.

Así mismo, pidió que se establezcan reglas para la selección de contratistas, en los casos estrictamente necesarios de contratación directa; para fortalecer los mecanismos de convocatoria pública y subasta inversa, para establecer funciones del comité de compras y para fijar los criterios de adición de contratos, supervisión, interventoría y liquidación.

Reveló el jefe encargado del ente de control que después de un año de acciones de vigilancia preventiva en hospitales de segundo y tercer nivel de complejidad, la Procuraduría debió iniciar investigaciones disciplinarias “originadas en las manifiestas irregularidades en los procesos de contratación de medicamentos, insumos médico - quirúrgicos y hospitalarios; asesorías, personal, obras y mantenimiento, entre otros”.

Precisó que la “descontrolada flexibilización de las reglas de contratación” de las ESE tras la expedición de la Resolución 5185 ha llevado a que los comités de compra hoy tengan una participación marginal, que las convocatorias públicas no superen el 1%, y que el 99% de las compras se tramite por contratación directa, previa solicitud de cotizaciones a sociedades anónimas simplificadas o entidades sin ánimo de lucro no idóneas, recién creadas, sin experiencia y con precios superiores a los del mercado.

“Habiéndose documentado casos de sobrecostos superiores al 500% en adquisición de medicamentos esenciales. Otras prácticas identificadas están relacionadas con el posible fraccionamiento de contratos, la no publicación de documentos contractuales en el Secop, recurrentes adiciones y el incumplimiento del deber de liquidarlos”, insistió Cortés.

El Procurador encargado anunció que junto con la Contraloría General de la República equipos de investigadores trabajarán en la identificación de los recursos públicos que pudieron haberse desviado y su impacto en las finanzas de hospitales públicos y en la salud de la población en las zonas de influencia.